Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, permanecerá en prisión tras la decisión de la jueza de garantías Carola Bacaluzzo, quien desestimó un habeas corpus presentado por su defensa. La jueza argumentó que el recurso no era procedente y que existen otras vías legales para discutir la condena por delitos de corrupción, que incluye peculado y enriquecimiento ilícito. La sentencia, confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, resultó en la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El abogado defensor de Urribarri, Leopoldo Cappa, ya ha anunciado su intención de apelar esta resolución, aunque la jueza enfatizó que este recurso no suspenderá la ejecución de la detención. La decisión de la Cámara se fundamentó en el riesgo de fuga y la necesidad de proteger el proceso judicial en casos de corrupción, alineándose con los compromisos internacionales de Argentina en esta materia.

La causa por la que Urribarri fue condenado incluye varios hechos que involucran el uso de recursos estatales para promover su imagen, lo cual ha generado un debate sobre la ética en la política y el uso de fondos públicos. La detención de Urribarri, que se produjo en su residencia de Concordia, también incluyó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien enfrenta cargos similares.

Contexto

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en Argentina, donde los procesos judiciales han tomado mayor relevancia en los últimos años. La condena de Urribarri es un recordatorio sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública y el uso responsable de los recursos del estado. A pesar de las dificultades, muchos ciudadanos y organizaciones siguen abogando por un sistema judicial eficaz que garantice la rendición de cuentas y la justicia.