La Cámara de Casación Penal de Paraná ha ordenado la prisión preventiva del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien se había desempeñado en el cargo entre 2007 y 2015. Esta medida se toma en el marco de cinco causas de corrupción que lo llevaron a ser condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por delitos como negociación incompatible con la función pública y peculado. La decisión fue confirmada tras la revocación de un fallo anterior que había dispuesto medidas menos severas.

El ex gobernador, quien se encontraba residenciado en Concordia, fue detenido por personal policial y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. Su abogado, Leopoldo Cappa, anunció que apelarán la decisión, aunque esto no suspende su detención. La fiscalía había argumentado sobre los riesgos de fuga, citando tratados internacionales que exigen un tratamiento especial en casos de corrupción.

El tribunal evidenció preocupaciones sobre maniobras dilatorias por parte de la defensa que podrían entorpecer el proceso judicial, lo que motivó la decisión de la prisión preventiva. En sus fundamentos, la vocal Marcela Davite subrayó la necesidad de proteger el proceso penal ante la gravedad de los delitos imputados.

Contexto

La condena de Urribarri se inscribe en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en Argentina, donde diversas figuras políticas han enfrentado causas similares. A pesar de la situación, es importante destacar que el proceso judicial sigue su curso, lo que refleja un compromiso institucional por parte de la justicia para abordar estos temas de manera contundente. Además, el caso de Urribarri ha generado un debate sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de fortalecer mecanismos de control.