Desde el 1° de diciembre, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, llevará a cabo pruebas de idoneidad para 40 mil empleados públicos cuyos contratos finalizan al cierre del año. Esta iniciativa se enmarca dentro del Sistema de Evaluación Pública (SEP) que tiene como objetivo evaluar los conocimientos en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.

Las evaluaciones serán obligatorias y se realizarán de manera presencial, anónima y con preguntas de opción múltiple, con una duración de una hora. Cada empleado tendrá la oportunidad de rendir el examen hasta tres veces en caso de no aprobar. Este sistema incluye la creación de usuarios y contraseñas para asegurar la transparencia del proceso, un aspecto valorado por el Gobierno como fundamental para evitar subjetividades.

A pesar de las intenciones del Gobierno, la medida ha generado preocupaciones en algunos sectores, especialmente en los sindicatos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, expresó que estas evaluaciones podrían ser un mecanismo para despedir empleados de manera ilegal, argumentando que la vocación de servicio de los trabajadores es la mejor prueba de su idoneidad. Por otro lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha comenzado a asesorar a sus afiliados sobre el proceso de evaluación, sugiriendo que se familiaricen con las guías orientativas publicadas en la página del SEP.

Contexto

Esta evaluación se implementa en un marco de cambios significativos en la administración pública argentina, donde se han visto recortes en la planta estatal en los últimos años. La medida se presenta como un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio público y asegurar que los empleados cuenten con las competencias necesarias. Sin embargo, es importante que estos procesos se realicen de manera justa y legal, para no comprometer la estabilidad laboral de los trabajadores y fomentar un clima de confianza en el sector público.